Políticas públicas y regulaciones actuales sobre agua y saneamiento en Argentina

La gestión del agua y saneamiento en Argentina se enmarca en un sistema federal que combina normativas nacionales, protocolos técnicos y regulaciones provinciales. A continuación se presentan los instrumentos legales y organismos clave que definen el sector:

  • Ley N.º 25.688 de Recursos Hídricos (2002): Establece el Régimen Federal de Gestión de los Recursos Hídricos, promueve la conservación de cuencas y crea el Consejo Federal del Agua, integrado por Nación y provincias.
  • Ley N.º 26.221 (2007) y decreto reglamentario 262/2019: Federaliza el servicio de agua potable y saneamiento, definiendo los criterios de concesión, contratación y supervisión de proveedores.
  • Ley N.º 27.605 de Agua Potable y Saneamiento (2018): Crea el Programa Argentino de Agua y Saneamiento (PAAS), establece objetivos de cobertura universal y fija lineamientos para alianzas público–privadas.

2. Planes y Programas Nacionales

  • Programa Nacional de Agua y Saneamiento (PAAS): Estrategia 2018-2027 para alcanzar 100% de cobertura de agua potable y 90% de saneamiento en ámbitos urbano y rural, con ejes en infraestructura, fortalecimiento institucional y participación comunitaria.
  • Línea de Financiamiento ENOHSA: El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) —dependiente del Ministerio de Infraestructura— administra fondos y otorga subsidios para obras de acueductos, plantas de tratamiento y redes cloacales.

3. Regulaciones Técnicas y de Calidad

  • Resolución MSAL N.º 286/2003: Fija los parámetros de potabilidad del agua para consumo humano (coliformes, turbidez, pH, metales pesados, pesticidas).
  • Normas IRAM y AAPRESID: Estándares de laboratorio para métodos de muestreo y análisis de agua, aplicados en laboratorios públicos y privados certificados.
  • Decreto N.º 531/1990 y modificatorias: Establece Normas de Calidad y Límite Máximos Permisibles para efluentes líquidos industriales vertidos a sistemas cloacales o cuerpos de agua.

4. Gobernanza y Supervisión

  • Consejo Federal del Agua (CFA): Órgano consultivo y coordinador de políticas hídricas, define planes de manejo de cuencas y reglamentaciones complementarias.
  • Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica: Diseña la política nacional, articula recursos internacionales y supervisa la aplicación del PAAS.
  • Reguladores Provinciales y Municipales: Cada provincia cuenta con organismos propios (por ejemplo, Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. en Santa Fe, OSSE en Salta) que establecen tarifas, licencias y controlan la prestación del servicio.

5. Financiamiento y Mecanismos de Incentivos

  • Fondos del Tesoro Nacional y créditos multilaterales (BID, CAF, BM): Financian proyectos de ampliación y modernización de redes de agua y saneamiento.
  • Mecanismos de Co-financiamiento Provincial-Municipal: Exigen contraparte local para acceder a subsidios de ENOHSA.
  • Alianzas Público–Privadas y Concesiones: Permitidas bajo la Ley de Inversiones Extranjeras, han servido para la modernización de sistemas en grandes ciudades.

6. Enfoque Rural y Comunidades Vulnerables

  • Programa “Agua+Vivienda” (2022): Integra construcción de viviendas y conexión a servicios de agua y saneamiento en localidades de menos de 2.000 habitantes.
  • Normativa SENASA-SENIF: Establece requisitos para sistemas de captación de agua de lluvia y tratamiento descentralizado en zonas rurales.

7. Retos y Perspectivas

  • Disparidades de cobertura: Provincias patagónicas y del norte presentan niveles de saneamiento por debajo del promedio nacional.
  • Cambio climático: Mayor variabilidad de precipitaciones exige actualizar planes hidráulicos y reforzar mecanismos de recarga de acuíferos.
  • Financiamiento sostenible: Necesidad de diversificar fuentes y desarrollar esquemas de tarifas sociales que garanticen la viabilidad financiera de los proveedores.

En conjunto, el sistema argentino de agua y saneamiento combina un robusto arsenal normativo con programas de inversión masiva y una gobernanza descentralizada, apuntando a la meta de cobertura universal y sostenibilidad de los recursos hídricos.